Estudio diagnóstico sobre las principales preocupaciones socio ambientales que podrían potencialmente convertirse en fuente de conflicto en el área de intervención (Diagnostic Study on the Main Socio-Environmental Concerns that Could Potentially Become a
Publisher: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América latina y el Caribe
Author(s): UNEP
Date: 2010
Topics: Dispute Resolution/Mediation, Extractive Resources, Governance
Countries: Peru
A mediados de los años noventa se cierra un ciclo de alta conflictividad social en el Perú, fundamentalmente marcada por el desarrollo del conflicto armado interno, iniciado a principios de los años ochenta. Los actores involucrados en este cruento proceso fueron de un lado, dos organizaciones alzadas en armas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, contra el Estado peruano, teniendo en medio de esta encarnizada batalla a la sociedad civil en su conjunto. El saldo final de víctimas, registradas por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2004), fue de alrededor de 69 mil ciudadanos muertos o desaparecidos. El 75% de las victimas tenía como idioma principal el quechua u otras lenguas nativas; el 55% trabajaban en actividades agropecuarias y las zonas más afectadas por la violencia fueron los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Huánuco, cuatro de los cinco departamentos más pobres del país y con las más altas tasas de ruralidad.
Finalizado el ciclo del conflicto armado interno, se abrió otro de distinto carácter, más bien marcado por la presencia ascendente de protestas sociales en diferentes zonas del país, alrededor múltiples asuntos en disputa, que fueron desde pliegos laborales hasta oposición a la privatización de servicios públicos. Se puede sostener que durante el gobierno del Presidente Fujimori, el nivel de protesta social fue más bien reducido respecto a lo que sería durante el gobierno del Presidente Toledo y el Presidente García. Como lo anotan algunos analistas las protestas sociales en el Perú, siguieron una marcada dinámica ascendente desde finales de la década del noventa, por un conjunto de factores, entre ellos el fin de un régimen político autoritario y un cambio en la estructura de oportunidades políticas signado por el proceso de apertura y democratización abierto hacia el final del gobierno del Presidente Fujimori. (Grompone y Tanaka, 2009).
A partir de mediados del 2000, un nuevo fenómeno empezó a configurarse en la dinámica de la conflictividad social en el país. Según los registros realizados por la Defensoría del Pueblo, entre principios y mediados de la nueva década, los conflictos más frecuentes estuvieron asociados a temas de demandas sociales de distinto tipo, disputas por cargos electorales, desavenencias entre ciudadanos y autoridades locales y regiones, entre otros. Desde el segundo semestre del 2005 en adelante, los conflictos denominados socio ambientales empiezan a ganar marcada centralidad. De pronto, del total de los conflictos que dicha entidad monitorea, a través de sus reportes mensuales, tendencialmente, entre el 48 a 50% empiezan ser conflictos de este tipo, en los que se hallan involucrados empresas extractivas, fundamentalmente mineras y comunidades locales. Dichos conflictos se sitúan básicamente en zonas rurales y tienen que ver, entre otras cosas, con la disputa por el uso, manejo y control de los recursos naturales, principalmente agua y tierra, además de otros elementos, no menos complejos, como son los temores reales o percibidos sobre afectaciones ambientales, activación de expectativas y demandas a las empresas (empleo, fondos de desarrollo, servicios públicos), incumplimiento de acuerdos.
Para el segundo semestre del 2010, la tendencia se mantiene. Según el reciente reporte de la Defensoría del Pueblo, de 255 conflictos identificados, el 50% son de carácter socioambiental y, en su mayoría, enfrentan a empresas mineras y comunidades locales que se encuentran dentro de sus áreas de influencia. Singularmente, los conflictos detectados en la zona de estudio considerada por el presente diagnóstico, que son las microcuencas de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco y la de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotambambas, departamento de Apurimac, el tipo de conflictos recurrentes son los de carácter socioambiental, al punto que en las organizaciones sociales de la provincia de Chumbivilcas, se han declarado explícitamente en contra de la actividad minera.
De una mirada general, podemos observar que el actual estado de la conflictividad en el Perú, se viene dando en un marco de una economía en crecimiento sostenido, que ya viene cubriendo un ciclo de poco más de una década; niveles de pobreza y pobreza extrema subsistentes, sobre todo en áreas rurales; una marcada expansión de actividades extractivas, fundamentalmente minera, además de la petrolera, gasífera, pesquera, forestal e hidroenergética; una subsistente crisis de representación política y fragmentación social, que viene complementada por la aún débil capacidad del aparato estatal de cubrir todo el territorio nacional, a través de su presencia como autoridad y oferente eficiente y eficaz de bienes públicos. A todo ello, podemos sumar las débiles capacidades, de las autoridades subnacionales y de los líderes de la sociedad civil, así como de los agentes públicos y privados, para construir espacios para la deliberación, el diálogo y la participación constructiva, que prevalezcan sobre las salidas confrontacionales o violentas. En el Perú, sigue siendo un reto construir y fortalecer la democracia y los pasos decisivos para lograrlo van en el sentido de cerrar las brechas sociales, hacer que el crecimiento sea inclusivo, que la explotación de los recursos naturales se de de manera ambiental y socialmente responsable y, que el diálogo sea asumido por las autoridades y los ciudadanos como un medio y un fin.