Tejiendo Autogobierno y Armonía con la Madre Tierra: Propuesta de las mujeres indígenas Iku de Colombia para la Construcción de la Paz Ambiental

Jun 18, 2025 | Yeimy Alejandra Izquierdo Cujar y Natalia Jiménez Galindo

Voces de las mujeres indígenas Iku de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.

Las mujeres indígenas colombianas pueden ser parte del progreso global que promueve la equidad estructural.

Desde la Sierra Nevada de Santa Marta —territorio sagrado de los cuatro pueblos indígenas que la habitan—, las mujeres Iku comparten una visión que redefine la forma en que sus hermanos menores (bunachis, personas no indígenas/blancas) entienden el desarrollo. Su noción de bienestar no se mide en acumulación, sino en equilibrio; no se basa en la extracción, sino en la reciprocidad; no separa la naturaleza de la cultura, ni el cuerpo del espíritu. Esta cosmovisión, forjada por generaciones de mujeres sabias y cuidadoras, tiene el potencial de informar los debates globales sobre sostenibilidad, paz y justicia climática con marcos que recuperan la dimensión sagrada de la vida y el territorio.

Desde la perspectiva de las mujeres indígenas Iku, la colonización no solo les arrebató tierras, sino que también impuso jerarquías, silenció el conocimiento y desmanteló el tejido comunitario de la relación interconectada madre-hija, donde las mujeres eran hilanderas y forjadoras de ese pensamiento consciente que nos hace sentir, pensar, actuar y hablar en relación con la comprensión de que el ser humano no es el centro de la vida en el universo, sino parte del equilibrio con Zaku, el nombre que recibe el planeta Tierra.

Las mujeres Iku han sido testigos directos de la resistencia silenciosa de las mujeres en la preservación del territorio. Esta resistencia se evidencia en su presencia constante en los espacios agrícolas, en la conservación de semillas nativas, en la transmisión oral de conocimientos, en los rituales espirituales que armonizan el medio ambiente y en el apoyo comunitario en tiempos de crisis. Siembran, cosechan, enseñan, protegen, sanan y guían. Se levantan temprano con la luna, conversan con el agua, piden permiso para recolectar semillas y crían a sus hijas e hijos con palabras dulces. Pero también han sido silenciados en los espacios de toma de decisiones, excluidos del diálogo político y reducidos a símbolos de tradición o de apoyo, en presencia física o espiritual.

A través del estudio de la agricultura para la vida —como la llaman las mujeres Iku desde su perspectiva espiritual—, han podido identificar cómo las mujeres Iku mantienen formas ancestrales de gobierno basadas en el cuidado, la reciprocidad, la espiritualidad y el equilibrio con la Madre Tierra. Estas formas se sustentan mediante prácticas y rituales cotidianos que organizan la vida comunitaria: las mujeres son responsables de armonizar los espacios del hogar y la tierra de cultivo; convocan reuniones para resolver problemas de convivencia con palabras amables; brindan guía espiritual a los más pequeños mediante tejidos, canciones y ofrendas; y resguardan el conocimiento sobre el uso del agua, las semillas y los ciclos naturales como guías para la toma de decisiones. Estas prácticas no se limitan a técnicas agrícolas; son una forma de habitar el territorio, donde sembrar es hablar y agradecer, cuidar la semilla es proteger la memoria y cosechar es un acto de aceptación de la Madre por su contribución. Esto fortalece la relación madre-hijo y el tejido colectivo de la comunidad. Esta agroecología espiritual, arraigada en el conocimiento intergeneracional, no solo nutre el cuerpo, sino que también preserva la vida comunitaria y el tejido social.

Es urgente reorientar el pensamiento global hacia formas más holísticas, éticas y territoriales de habitar el mundo. Es aquí donde las experiencias indígenas, y en particular las lideradas por mujeres, tienen mucho que aportar. La conexión entre espiritualidad, sostenibilidad y liderazgo femenino constituye un camino legítimo y urgente para construir la paz ambiental. Es imposible hablar de justicia climática o desarrollo sostenible si seguimos excluyendo las voces que han cuidado la tierra durante siglos.

Desde la cosmovisión Iku, el equilibrio entre la humanidad, la naturaleza y la espiritualidad no es una aspiración futura, sino una responsabilidad presente. La paz, desde esta perspectiva, no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia equilibrada del orden natural y sagrado. Un orden que reconoce a la Madre Tierra como un ser vivo, a los pensamientos como energía y a las generaciones como un tejido continuo de memoria y propósito.

Es una contribución política porque propone transformar los marcos de participación, integrando a las mujeres indígenas como sujetos activos de gobernanza, toma de decisiones y coordinación con otros actores. Esto significa que no basta con incluir el elemento "cultural" o "de género" en los proyectos de sostenibilidad. Es necesario transformar los marcos desde los que se construyen preguntas, indicadores y soluciones. Y esto requiere escuchar atentamente las voces de los pueblos que han resistido durante siglos con dignidad.

Ser una mujer indígena en el mundo actual

A nivel mundial, las mujeres indígenas siguen figurando entre los grupos más afectados por la desigualdad estructural. Se estima que hay 476,6 millones de personas indígenas en todo el mundo, de las cuales más de la mitad (238,4 millones) son mujeres. La discriminación y la violencia son fenómenos recurrentes en la vida de muchas mujeres y niñas indígenas que viven en zonas rurales, remotas y urbanas. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconoció explícitamente, en su Recomendación 39 de 2022, que las mujeres y niñas indígenas de todo el mundo aún no gozan de igualdad ante la ley, de conformidad con el artículo 15 de la Convención.

Esta realidad, que sigue siendo difícil de superar, quizás se explique por el hecho de que instrumentos importantes como el Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), vinculante para los Estados que lo ratifican, si bien enfatiza la participación, los derechos territoriales y la preservación cultural, no se centran explícitamente en las mujeres, sino que se interpretan como aplicables por igual a las mujeres y los hombres indígenas. Su lenguaje es neutral en cuanto al género, pero no debería ser indiferente a las cuestiones de género en su intención o implementación.

Hoy, ante múltiples crisis —climáticas, alimentarias, de significado y de liderazgo-, el mundo comienza a buscar respuestas en los pueblos indígenas. Sin embargo, estas respuestas no pueden surgir sin visibilizar y fortalecer la participación de las mujeres indígenas, no solo como líderes, sino como gestoras de vida, forjadoras de pensamiento y artífices de la recuperación de formas de gobernar y habitar el territorio.

En muchos contextos, incluyendo algunas estructuras de gobernanza ancestrales, la voz femenina ha sido históricamente relegada, no por falta de capacidad, sino como resultado de patrones patriarcales que también han sido internalizados por los Pueblos Indígenas, heredados en parte de la colonización. Los sistemas de justicia indígenas suelen estar dominados por hombres y discriminan a mujeres y niñas, ofreciéndoles un espacio limitado para participar y expresar sus preocupaciones, así como para ocupar puestos de toma de decisiones. Por lo tanto, el derecho consuetudinario indígena, la misoginia y las instituciones existentes también pueden constituir obstáculos. Sin embargo, en las últimas décadas, han surgido reflexiones dentro de las comunidades, impulsadas por mujeres, así como por autoridades espirituales y algunos líderes tradicionales, sobre la importancia de restaurar el equilibrio entre lo femenino y lo masculino. En algunos territorios, los propios gobiernos tradicionales han comenzado a reconocer que fortalecer el rol espiritual, social y político de las mujeres es vital para preservar el orden natural y el tejido comunitario. Propuestas como la creación de espacios de diálogo igualitario, el acompañamiento espiritual intergeneracional y el reconocimiento formal de las mujeres sabias que hablan en las asambleas han surgido desde el interior de las comunidades como formas legítimas de armonizar los principios del autogobierno con la ley originaria y la realidad actual.

Una respuesta internacional aún oportuna

En primer lugar, cabe destacar el alarmante número de formas de violencia de género contra mujeres y niñas indígenas, que se cometen en todos los espacios y ámbitos de la interacción humana, como la familia, la comunidad, los espacios públicos, el lugar de trabajo, los entornos educativos y el espacio digital. La CEDAW ha destacado las formas interseccionales de discriminación (etnia, género, pobreza) e insta a que la educación, salud, participación política y derechos territoriales culturalmente apropiados. Establece que la discriminación interseccional contra las mujeres y niñas indígenas debe entenderse en el marco de la naturaleza multifacética de su identidad. Se enfrentan a la discriminación y la violencia de género frecuentemente cometidas por actores estatales y no estatales. Afirma que estas formas de violencia y discriminación son generalizadas y a menudo quedan impunes.

Por ello, establece que la discriminación contra las mujeres y niñas indígenas y sus efectos deben comprenderse tanto en su dimensión individual como colectiva, y deben entenderse como perpetuadas por los estereotipos de género, pero también por formas de racismo alimentadas por el colonialismo y la militarización. Estas causas subyacentes de discriminación se reflejan directa e indirectamente en leyes y políticas que obstaculizan el acceso de las mujeres y niñas indígenas al uso y la propiedad de la tierra, el ejercicio de sus derechos sobre sus territorios, recursos naturales y económicos, y su acceso al crédito, servicios financieros y oportunidades de generación de ingresos.

A nivel regional de las Américas, se generó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2016, que establece explícitamente que los derechos de las mujeres, niñas y niños indígenas gozan de especial protección y el derecho a participar en la toma de decisiones y en las instituciones que les afectan. Asimismo, se aprobó la Convención de Belém do Pará de 1994, que se centra en la violencia contra las mujeres, incluidas las indígenas, y propone por primera vez el desarrollo de mecanismos para la protección y defensa de los derechos de las mujeres como elementos fundamentales para combatir el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación en la sociedad.

Una respuesta nacional lenta y tímida

La invisibilidad histórica de las mujeres indígenas colombianas ha tenido profundas consecuencias: pérdida de conocimiento, fragmentación del tejido intergeneracional, debilitamiento de la gobernanza espiritual y una ruptura entre la actividad política y el equilibrio con la Madre Tierra. Esta invisibilidad no solo ha sido simbólica o cultural, sino también política e institucional. En el contexto colombiano, las mujeres indígenas se han enfrentado a un doble silenciamiento: por un lado, como pueblos históricamente marginados por el Estado; por otro, como mujeres excluidas incluso dentro de sus propias estructuras representativas. Durante el conflicto armado, muchas han sido víctimas de desplazamiento, violencia sexual y reclutamiento forzado, sin que sus voces sean escuchadas en los procesos de reparación o construcción de paz.

Sin embargo, a nivel nacional, han surgido algunas oportunidades, como:

• En 2024, el país se comprometió plenamente a organizar la 16.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 16 del CDB), celebrada en Cali, Colombia, bajo el lema "Paz con la Naturaleza". El resultado de la COP resultó en la aprobación del Programa de Trabajo con Pueblos Indígenas y Comunidades Locales para la implementación del Artículo 8j10 y otras disposiciones conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica; también en la aprobación del establecimiento de un órgano subsidiario de comunidades y pueblos indígenas como órgano consultivo del CDB; y en la aprobación del reconocimiento de la contribución de los pueblos afrodescendientes a la conservación de la biodiversidad en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Este avance coincidió con el llamado de Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, quien presentó un informe instando a Colombia a priorizar los derechos de los pueblos indígenas para lograr la paz total. Calí Tzay reconoció los avances jurídicos positivos y la intención del gobierno de fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, pero deploró los desafíos persistentes que amenazan la existencia misma de muchos de ellos, poniéndolos en riesgo inminente de exterminio físico y cultural. "La ausencia de instituciones estatales competentes en los territorios de los pueblos indígenas, especialmente en las zonas rurales alejadas de la capital colombiana, ha permitido el deterioro progresivo y trágico de sus derechos durante generaciones", afirmó el experto.

• A partir de 2024, los pueblos indígenas colombianos son ahora autoridades ambientales. Desde la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el Convenio 169 de la OIT, los pueblos y organizaciones indígenas colombianos han exigido que el Estado los reconozca como autoridades ambientales en sus territorios, con base en sus derechos a la autonomía y la libre determinación.

Esto se ajusta a sus sistemas de conocimiento: Ley Mayor, Ley Propia, Ley de Origen, Ley Natural y Palabra de Vida, con respecto a los miembros de cada comunidad y en sus propios territorios. Con base en esta decisión, las comunidades indígenas ejercerán competencias sobre la planificación ambiental territorial, determinando mecanismos de regulación, gestión y gobernanza para la preservación, conservación, restauración, protección, cuidado, uso y gestión de los recursos naturales, de conformidad con el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT.

Sin embargo, desde entonces, se ha reconocido que muchas decisiones ambientales, incluida la emisión de licencias, permisos y autorizaciones, aún están en manos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y las Corporaciones Autónomas Regionales para el Desarrollo Sostenible. Las contradicciones y tensiones con estos organismos suelen ser difíciles de resolver debido a la imposición unilateral de sus decisiones, la débil gobernanza en los territorios indígenas y la falta de implementación del consentimiento libre, previo e informado (CLPI), entre otros aspectos, como la perspectiva de género.

Conclusión

Como mínimo, las mujeres indígenas deberían participar en los organismos nacionales e internacionales que se centran en los derechos de las comunidades indígenas, reconociendo la necesidad de trabajar dentro de sus propias estructuras de gobernanza ancestral.

En los territorios indígenas de Colombia, como en muchas otras regiones históricamente vulneradas por la colonización, las mujeres han sustentado la vida, el conocimiento y el equilibrio de sus comunidades. Sin embargo, esta identidad ancestral, espiritual y cotidiana, no se ha traducido en reconocimiento político. Lograr dicho reconocimiento implica, ante todo, crear espacios con garantías y formas equilibradas y armonizadas en las que las mujeres indígenas puedan compartir sus voces, en cumplimiento de la ley natural y el mandato espiritual que emana de su ley original. Asimismo, si estos espacios se escuchan y se crean, las voces de las mujeres comienzan a ser reconocidas como relevantes, legítimas y necesarias para el cuidado y el equilibrio de sus comunidades. Este reconocimiento no implica una mera inclusión simbólica, sino también una participación efectiva en los procesos de toma de decisiones, con condiciones que respeten sus formas de liderazgo y gestión comunitaria.

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Yeimy Alejandra Izquierdo Cujar

Investigadora de Doctorado en Estudios Interdisciplinarios, Universidad de los Andes – Colombia

Gestora Comunitaria y Representante, Comunidad IKARWA – Pueblo Arhuaco

Natalia Jiménez Galindo

Abogada y Consultora Colombiana

Copresidenta del Grupo de Interés de Género de EnPAx